El derecho a la Educación es uno de los más defendidos por todas las democracias contemporáneas. Se entiende como uno de los pilares para conseguir el desarrollo de las sociedades, pero la implantación de sistemas educativos inclusivos ha seguido un ritmo dispar en los países. Es decir, sistemas que implementan las necesidades especiales para las personas que presentan algún tipo de discapacidad.

 

Según el INE, en España existen 3,8 millones de personas con discapacidad, lo que se traduce en un 16% de los hogares con algún miembro con discapacidad. Ante estas cifras, a lo largo de la Historia, las diferentes administraciones han creado diversos mecanismos para crear modelos sociales inclusivos para estas personas con necesidades especiales.

 

Solo en España, desde los años 60 se han sucedido hasta 9 leyes de Educación, aunque no todas se han preocupado por esta inclusión real. Fue en la década de los 70 cuando se abrieron los primeros centros educativos que estaban especialmente dedicados a llevar a cabo procedimientos inclusivos para las personas con discapacidad.

 

La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha pedido en diferentes ocasiones más esfuerzos por parte de los Gobiernos para mejorar la ‘educación para todos’. En la propia Declaración de Salamanca, celebrada hace ya dos décadas, el Alto Comisionado de la ONU destacaba “la necesidad de actuar con miras a conseguir ‘escuelas para todos’ esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual”. Es decir, acabar con la segregación y la exclusión. 

 

Según los datos de la propia ONU, en todo el mundo hay 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales 93 millones son niños que tienen necesidades específicas a la hora de conseguir una formación óptima.

 

 

Para conseguir que esta educación sea más inclusiva, son necesarias también nuevas habilidades desde el punto de vista del formador. Existen más cursos de formación que fomentan diferentes destrezas específicas para que los profesores de niños o adultos con discapacidad sepan cómo hacer evolucionar a sus alumnos de una forma más satisfactoria.

 

Pero además de esta dimensión puramente formativa para el profesorado, los sistemas educativos inclusivos pueden ofrecer a la vez educación de calidad y desarrollo social a esas personas. La educación inclusiva implica algo más que trasladar a los estudiantes con discapacidad a las escuelas ordinarias: significa lograr que se sientan acogidos, respetados y valorados.

 

De esta forma también se prepara a los alumnos ante su salida hacia el mercado laboral, con una formación mucho más práctica. Cada vez existen más ejemplos, como el proyecto Espazo Compartido de la Universidad de La Coruña, donde en un nivel de educación superior se trabaja con un profesorado experto que ayuda a desarrollar las habilidades de los jóvenes con discapacidad para prepararlos para el mercado laboral. Además, después el programa sigue su curso dentro de las prácticas empresariales firmadas con instituciones y empresas colaboradoras.

 

En definitiva, tanta la sociedad como las instituciones políticas y educativas deben trabajar para fomentar una implantación real de programas inclusivos para la formación de personas con discapacidad. La propia UNESCO, que ha elaborado catálogos de documentación gracias al big data recopilado en diversos países, aboga por la extensión de estas políticas inclusivas haciendo uso de las nuevas tecnologías. El despliegue de las TIC dentro y fuera de las aulas será la clave para conseguirlo.

 

Gonzalo Ruiz Utrilla, fundador y CEO de Cursos.com